La reforma sobre energía Eléctrica, y el saqueo neoliberal

 

-Los gobiernos neoliberales, jefaturados por tecnócratas, la mayoría formados en universidades extranjeras, principalmente norteamericanas, a lo largo de 36 años se dedicaron a socavar las bases materiales del poderoso y estratégico sector estatal de la economía.

 

Por José Santos Cervantes

El 27 de septiembre de 1960, en el Acto de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos, pronunció un discurso nacionalista cargado de un profundo patriotismo, en el cual encomendaba a las generaciones futuras lo siguiente: “Pueblo de México, les devuelvo la Energía Eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confundan, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros”.

No se equivocó el presidente nacionalista que formó parte de los gobernantes surgidos de la tercera etapa del proceso revolucionario mexicano, de la revolución de 1910, que hicieron importantes aportes a la construcción de una nación soberana con justicia social.

Veintidós años después de esta gesta nacionalista, patriótica y revolucionaria que nos llevó a recuperar la industria eléctrica para la nación, no sólo como servicio público, sino para coadyuvar a la industrialización del país, llegaron los gobiernos neoliberales, jefaturados por tecnócratas, la mayoría formados en universidades extranjeras, principalmente norteamericanas, que a lo largo de 36 años se dedicaron a socavar las bases materiales del poderoso y estratégico sector estatal de la economía.

Sector que llegó a estar compuesto por 1,155 instituciones, de ellas más de 750 empresas, incluidas las más dinámicas y rentables de la economía nacional: petróleo, electricidad, siderurgia, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, industria papelera, minería, banca, fertilizantes, etc., y que los neoliberales privatizaron al rematarlas al capital nacional y extranjero, es decir, desnacionalizaron la economía mexicana, con todas las nefastas consecuencias en el orden económico, político y social.

Después de esa etapa de destrucción, en las elecciones federales del 1 de julio de 2018, se produjo la contundente victoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la república; el pueblo mexicano exigió poner fin no sólo a la desnacionalización de la economía y a la entrega de la soberanía nacional, sino también a toda la descarada e impune corrupción que caracterizó a los gobiernos neoliberales.

Esa corrupción no se circunscribió al saqueo del erario ni al despilfarro del que hicieron gala, sino que, sobre todo, se caracterizó por poner por encima del interés social, el interés privado, por poner por encima del interés nacional el interés extranjero, esto fue lo peor.

Todo lo anterior, afianzado con reformas legislativas que otorgan al gran capital nacional y extranjero, no sólo jugosos negocios y ganancias abusivas, sino además la seguridad de que sus intereses no serán tocados ni con el pétalo de una rosa.

Hoy, cuando el presidente López Obrador está asumiendo una actitud consecuente, no sólo con sus compromisos de campaña electoral y con su Plan Nacional de Desarrollo, sino además con su conciencia de mexicano patriota y nacionalista, la derecha más reaccionaria y recalcitrante que ve perder sus privilegios se vuelve furiosa contra todas las medidas positivas que el gobierno federal está aplicando.

Sin embargo, no obstante que el presidente López Obrador ha sido respetuoso y cauteloso, sobre todo al aplicar medidas de gobierno para recuperar la intervención del Estado en áreas importantes de la economía, llevando a cabo obras de gran envergadura: refinería de Dos Bocas; aeropuerto “Felipe Ángeles”; tren Maya, ferrocarril Transístmico; así como la puesta en marcha de las seis refinerías existentes, donde desplaza al gran capital nacional y extranjero para asignarle un papel secundario, los neoliberales reaccionan de manera virulenta, con tintes golpistas.

Con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta como preferente al Congreso de la Unión, con la finalidad de privilegiar la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relegar como complementaria la generación de los productores privados, los organismos empresariales yanquis y su embajada, junto con la derecha mexicana, ponen el grito en el cielo, acusan falsamente que se trata de una expropiación velada de las empresas privadas y que contraviene directamente los compromisos de México al suscribir el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Nada más falso. En el T-MEC, el gobierno mexicano, ya encabezado por el presidente López Obrador, dejó a salvo la industria energética sobre la base del mandato constitucional contenido en su artículo 27.

Lo que establece esta reforma energética son nuevas reglas de operación, con la finalidad de recuperar la supremacía de la CFE en el manejo de la energía eléctrica generada en sus diferentes modalidades y regular la participación de las empresas privadas, que hasta ahora son quienes fijan las reglas en esta materia, gracias a las enormes concesiones entregadas por los gobiernos neoliberales, incluso, en el colmo del cinismo, el expresidente Felipe Calderón ahora es empleado de una de ellas, por tanto es quién más vocifera en contra de la iniciativa.

Por todo lo anterior, es necesario que el pueblo mexicano refrende su confianza en el gobierno de la Cuarta Transformación y manifieste su apoyo resuelto a esta medida patriótica, popular y nacionalista.