“El gobierno federal rechaza la minería a cielo abierto y ha decidido tener un país libre de fracking”: Procurador Agrario

 

_constituyen actividades altamente agresivas en contra de los territorios generando diversos daños ambientales de gran impacto y contaminación de aguas y aire, además de las especies de flora y fauna

El titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón insistió en que el actual gobierno federal rechaza la minería a cielo abierto y también ha decidido tener un país libre de fracking porque, dijo, constituyen actividades altamente agresivas en contra de los territorios generando diversos daños ambientales de gran impacto y contaminación de aguas y aire, además de las especies de flora y fauna.

“El impacto, respecto a la apropiación del territorio y la deforestación, el uso y contaminación del agua, el suelo y el aire, y la afectación a la flora y la fauna, son razones contundentes para que la Cuarta Transformación, en apego a sus principios y valores, establezca un nuevo equilibrio entre los intereses de la nación y los núcleos agrarios, el bien común y la conservación y restauración del ambiente”.

En estos términos se expresó Hernández Palacios Mirón, durante su participación en el segundo día de trabajos de la XXXIV Convención Internacional de Minería, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, auspiciada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), que preside Sergio Almazán Esqueda.

 

Ante integrantes del organismo, ponentes, expertos en la materia nacionales y extranjeros, invitados especiales, así como funcionarios de la Secretaría de Economía y del gobierno del estado de Guerreo, el Titular de la Institución disertó en su conferencia magistral sobre el Tema: “Minería y Territorios Agrarios en México”.

 

Al respecto, Hernández Palacios señaló que en los últimos años se han agudizado los problemas de pobreza y marginación en el campo mexicano, derivado, entre otros factores, por el abandono de espacios productivos, la inseguridad y falta de mecanismos de gobernanza, así como la depredación ambiental, agravada por el impacto de una visión extractivista del ambiente, lo que ha generado un debilitamiento de las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad al interior de los núcleos agrarios.

 

Los más de 32 mil ejidos y comunidades legalmente constituidos en nuestro país, indicó, son una cuestión histórica, vigente y determinante, pues estos espacios constituyen gran parte del territorio nacional, albergan a una vasta diversidad de ecosistemas y recursos naturales, y son hogar de muchas y muchos mexicanos, incluyendo nuestros Pueblos Originarios y sus saberes.

 

No obstante, el gran potencial y riqueza que encierran los núcleos agrarios, enfatizó el funcionario federal, la política neoliberal de las últimas décadas, afectaron de manera importante no solo los territorios sino al conjunto de los recursos naturales: tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, así como las formas de convivencia y de organización social.

 

A este respecto, Hernández Palacios insistió en que el actual gobierno federal rechaza la minería a cielo abierto y también ha decidido tener un país libre de fracking porque, dijo, constituyen actividades altamente agresivas en contra de los territorios generando diversos daños ambientales de gran impacto y contaminación de aguas y aire, además de las especies de flora y fauna.

 

“La relación con los núcleos agrarios —subrayó— requiere el establecimiento de nuevos tratos en la perspectiva de lograr no solamente la equidad y la compensación económica a los dueños de la tierra, que se ve afectada por ocupación superficial o servidumbres de paso, sino que establezca una perspectiva de conservación, rehabilitación y restauración ambiental”,

 

En tal sentido, el Titular de la Procuraduría Agraria se pronunció porque se reforme la actual Ley Minera, para que incluya, entre otros aspectos, la obligatoriedad de manifestación de impacto social y ambiental, así como la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas y núcleos agrarios, lo que permitirá la protección del derecho a la libre determinación, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, a la biodiversidad y a la identidad cultural, entre otros.

 

En la parte final de su exposición consideró: “Estamos seguros que con el diálogo podremos construir nuevas alternativas útiles para el desarrollo de la minería, la conservación y restauración ambiental y el bienestar de las comunidades y núcleos agrarios”.