SALAVERNA; LA INDOLENCIA

A CASI  DOS AÑOS DEL DESALOJO VIOLENTO

 -Ni los gritos ni la víspera de navidad evitaron el desalojo-Durmieron a la interperie entre los escombros y sus pertenencias regadas
-No respetaron la biblioteca, el templo ni la escuela
-Se acababan de reestablecer relaciones con la iglesia y el gobierno federal realizaba el deslinde del terreno

Salaverna, Zac.-Ni los gritos de desesperación, que se escuchaban a pesar del enorme ruido que hacían los trascabos al destruir los techos y las paredes de sus viviendas;  ni la víspera navideña, fueron suficiente motivo para parar el violento desalojo en contra de los habitantes de localidad, quienes decidieron resistir y pasar la navidad afuera de lo que quedó de sus hogares, entre los escombros y con sus pertenencias regadas por doquier.

Eran las 7:30 horas del 23 de diciembre de 2016,  don Roberto de la Rosa, delegado de la localidad, y líder de la resistencia, se trasladó junto con una comisión de habitantes de este lugar a la capital zacatecana, para continuar con el trámite para el deslinde del ejido Salaverna.

Justo cuando llegaba a la central camionera, junto a otras personas del lugar, su celular comenzó a sonar y una voz desesperada le avisaba que llegaban elementos de Protección Civil, Policía Ministerial, así como la estatal que mantenía bloqueos, así como buldozer para derribar las viviendas y hasta una ambulancia.

Todos ellos, junto a un notario público, comenzaron a sacar a la fuerza a las mujeres de sus viviendas, a llevar sus pertenencias a un camión de mudanzas y a intentar hacerlas firmar un documento en el que aceptaban que se les reinstalara en la localidad de Nuevo Salaverna, colonia  en la que ya la mayoría de las familias de esta comunidad fueron reinstaladas en pequeñas viviendas que se les entregaron en comodato.

ENTRE LOS ESCOMBROS

Don Roberto, un hombre longevo, quien se dedica al pastoreo de ovejas, visiblemente afectado recorre los escombros que quedaron de la escuela, trata de levantar uno que otro pedazo de libro que quedó de la biblioteca y luego solo alcanza a expresar con impotencia “hijos de su madre”.

Se voltea para que su rostro quede cubierto y sigue caminando entre los escombros, refiere que ahí quedó desgarrada la bandera y lamenta que el personal de gobierno que encabeza Alejandro Tello  que acompañó a integrantes de la minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, a demoler el lugar, no hayan siquiera tenido la sensibilidad de rescatar la biblioteca que tenían en la escuela.

 “Era una biblioteca histórica para nosotros, tenía un acervo importante, con libros que fueron traídos desde que se fundó la localidad, en donde hacía menos de un mes, se habían reunido como tradicionalmente las personas originarias de este lugar que vivían fuera, con quienes se quedaron aquí, para celebrar misa, después de varios años en que el clero les había negado esa posibilidad.

Ese mes de diciembre había sido muy positivo para los integrantes de la resistencia que se negaban a abandonar Salaverna a pesar de las presiones de la compañía minera Frisco, pues se habían enviado representantes del gobierno federal a realizar un deslinde de los terrenos para determinar a quién le correspondía la posesión de este territorio, del cual los ejidatarios mostraron sus títulos de posesión.

En una de estas reuniones, que se realizó en el auditorio municipal, por parte de la minera se intentó reventar la reunión, con el apoyo de integrantes del ejido Mazapil, no lo lograron y  se pudo realizar dicha reunión, con la presencia de representantes del gobierno federal, de la UAZ y de la Universidad de Chapingo.

HOSTIGAMIENTO

Durante dicha reunión, el abogado Efraín Arteaga, logró exponer que es legítima la propiedad de los habitantes de Salaverna, ya que no solo cuentan con títulos de propiedad, sino que se trata de una tierra que habitan desde tiempos inmemoriales y que heredada por sus ancestros.

Dicha exposición, generó malestar entre los representantes legales de la compañía minera y más tarde, cuando concluyó la reunión y Arteaga, quien también es líder de los ex braceros, junto al líder de sindicatos independientes, José Santos Cervantes, se trasladaban a la capital, el vehículo comenzó a tronar y moverse manera inusual, y al poco tiempo se desvieló, a pesar de que el líder no hacía mucho que lo había verificado y estaba en perfectas condiciones.

A FAVOR DE LOS POBLADORES

Y es que el 6 de diciembre un cabildo Ciudadano se pronuncia a favor de la defensa de los pueblos y de impedir que empresas trasnacionales dejen de hacer daño a nuestro territorio y miembros del cabildo estuvieron presentes en la reunión.

El día martes 6 de diciembre a las 11 del día arribó a la cabecera municipal de Mazapil el equipo de peritos de la Sedatu encargados de la medición para el deslinde de predios solicitada por Don Roberto de la Rosa, líder del comité de posesionario de Salaverna, las Majadas y Santa Olaya; para que el proceso se lleve a cabo con legalidad.

El polígono en disputa comprende cuatro mil 500 hectáreas. Los trabajos para determinar las medidas se llevaran a cabo en los próximos días. En la medición fueron identificados 5 de los 10 puntos colindantes entre el ejido La Minera y el poblado de Salaverna.

Se llevó a cabo una reunión informativa donde estuvieron presentes los actores involucrados que son: el representante legal de la minera Peñasquito, el representante legal del ejido Mazapil, pobladores de Salaverna acompañados por su representante legal, miembros de la UNTA, organizaciones civiles, así como investigadores de la UAZ y de la Universidad de Chapingo

INDIGNACIÓN

Por ello, ante el desalojo que se realizó el 23 de diciembre, el Colectivo y Organizaciones Civiles “Amigos de Salaverna”, manifestaron su indignación por la medida tomada por el gobierno del estado en contra de los pobladores y en favor de la compañía minera, propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo.

Exigieron la detención inmediata del desalojo forzado, e  iniciaron una serie de movilizacones en el centro histórico, en donde se bloquearon algunas calles como la Avenida Hidalgo. Informaron que con este operativo el Gobierno del estado de Zacatecas está pasando por alto el proceso legal por el que atraviesa la comunidad ante la SEDATU, brincando a la autoridad Federal, lo cuál implica un delito y una falta grave para el Estado de derecho mexicano.

Interpusieron una denuncia en contra del Gobierno del Estado de Zacatecas por Daños y perjuicios ocasionados a la comunidad, así como el abuso de autoridad con el que se está procediendo en la comunidad, golpeando y amedrentando a los pobladores.

 Manifestaron su  repudio total a la invasión de la propiedad privada de los habitantes, a que los traten como infractores de la ley, a la violación de los derechos humanos de nuestros compañeros de Salaverna y a la violación de la ley mexicana.

SITIADOS

El 25 de diciembre, luego de pasar la navidad a la intemperie,  los habitantes de Salaverna fueron sitiados por la fuerza pública,  agredidos  física y verbalmente. Representantes de la localidad externaron: “La minera de la mano de su fiel aliado, el Estado, está violando los derechos políticos, económicos y sociales, así como la integridad física y mental de la población y la violación a la Constitución Mexicana, a la Ley Minera y a los Derechos Humanos”.

Para el 26 de diciembre como acto de solidaridad y exigiendo al Estado que responda por los acontecimientos del pasado 23 de diciembre en Salaverna se decidió cerrar la calle Hidalgo en la esquina del Portal de Rosales, en respuesta el Gobierno del Estado dio la orden, a tránsito, de cerrar el Centro Histórico .

No se cumplieron los acuerdos acordados el Sábado; la Secretaria de Gobierno no asistió a la reunión en Ciudad. Administrativa y no se atendió a los afectados directos de Salaverna.

Los representantes del gobierno dicen que la empresa está dispuesta a dialogar. “Nosotros no queremos dialogar con la empresa, exigimos que las autoridades correspondientes atiendan al llamado. Responsabilizamos al gobierno de cualquier cosa que ocurra en prerjuicio de los pobladores y sus simpatizantes, rechazamos y repudiamos el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos”, externaron los afectados.

DESTRUCCIÓN

Asimismo, el 28 de diciembre de 2016, elementos de la Policía Federal y Protección Civil llegan nuevamente a la comunidad. Sin una orden judicial, sin notificación y completamente fuera de la ley, la Policía Estatal, Policía Ministerial, Protección Civil y la licenciada Raquel Ortiz de la Secretaría General de Gobierno Zacatecas, realizaron la demolición de una vivienda

El 7 de julio de 2017,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió una recomendación por el caso Salaverna, en  la que se acreditan violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores del lugar, porque no existió orden judicial para la demolición de inmuebles, desalojo de muebles y  pertenencias, ni para bloquear acceso a la comunidad.

Dicha recomendación no fue aceptada por la ex secretaria general de gobierno, Fabiola Gilda Torres, por considerar que no se identifica en dicha recomendación a las personas afectadas.