EL AEROPUERTO DE LA INFAMIA
(Foto: desdeabajo.org.mx)
El nuevo aeropuerto está plagado de irregularidades y corrupción
Por: José Santos Cervantes
Nadie
pone en duda que el actual aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, y
que se necesita uno nuevo o ampliar algunos de los ya existentes.
Con
Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, y Vicente Fox, en el
federal, empezó a plantearse el proyecto de un nuevo aeropuerto para la Ciudad
de México, en la zona de Texcoco, pero no como solución al problema sino como
un jugoso negocio.
Sin
embargo, ante la voracidad empresarial y del gobierno neoliberal, surgió la
resistencia, fundamentalmente de los pobladores de San Salvador Atenco, a
quienes el gobierno propuso “generosamente”: comprar sus tierras ¡a 27 centavos
el metro cuadrado! Y, además, emplearlos como intendentes y taxistas.
Ante
la prepotencia de ambos gobiernos derechistas se conformó el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT), que fue brutalmente reprimido en mayo de 2006.
Una
vez consumado este criminal acto por parte de los gobiernos: federal panista,
estatal priísta, y municipal perredista, el proyecto dio inicio de manera
velada, porque es un negocio redondo en todos los sentidos, no sólo es el nuevo
aeropuerto en sí, sino el ambicioso proyecto inmobiliario que lo rodea, y que
se viene gestando desde 1999, por parte de consorcios
inmobiliarios como ARA y GEO.
Sin
embargo, los grandes medios de comunicación jamás lo sacaron a la luz, quien
desveló el proyecto y lo denunció fue Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante
la campaña electoral de 2018, y se comprometió a poner a consideración de la
sociedad su viabilidad.
AMLO,
en respuesta a un planteamiento de Carlos Slim, hizo hincapié, fundamentalmente,
en el aspecto financiero; al grado de
señalar a los empresarios que si querían construir ese aeropuerto lo hicieran
con recursos propios, ya que más del
ochenta por ciento de esa obra estaba siendo financiando con recursos
provenientes de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), es
decir, del fondo de pensiones de los trabajadores mexicanos, desde luego, sin
consultar ni informar a los pensionados.
Una
vez electo, AMLO hizo efectiva su propuesta, al organizar la consulta que se
realizará del 25 al 28 de octubre, misma que será sumamente importante, porque
dará inicio a una forma de aplicación de la democracia participativa.
Pero,
ante la inminente pérdida de este jugoso y criminal negocio que acabaría con la
flora y la fauna de la cuenca del exlago de Texcoco, organismos que representan
los intereses de los más ricos empresarios, así como los grandes medios de
comunicación que trabajan a su servicio, están propalando la falacia de que si
se cancela el proyecto nuestro país perdería la confianza de los inversionistas
extranjeros, incluso, llegan al extremo de afirmar que se desestabilizaría al
país.
Ante
tales posturas, afirmamos que si se permitiera su construcción no sólo sería un
crimen medioambiental, sino que estaríamos avalando la imposición de un
proyecto transexenal de los gobiernos neoliberales plagado de irregularidades y
de corrupción.
También
hay que considerar que es requisito indispensable que el nuevo gobierno exija a
las Afores involucradas transparentar el manejo de los recursos de los
trabajadores mexicanos, para que la suspensión del proyecto no sea pretexto
para que dichas empresas reporten pérdidas, eufemísticamente llamadas
minusvalías.
Esta
Consulta debe ser el precedente de lo que debe aplicarse respecto de otros
proyectos, sobre todo, de las llamadas reformas estructurales.
Por
tanto, tenemos que acudir cientos de miles de mexicanos, para demostrar que no
es asunto sólo de expertos y responder a la Consulta sobre este tema, porque
debemos:
1. Impedir que el Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México se construya en Texcoco, así sea sólo con recursos
privados.
2. Exigir que se respete esa zona por los daños
medioambientales irremediables que dicha construcción significaría.
3. Detener también el proyecto inmobiliario que,
de manera corrupta, los gobiernos neoliberales quieren construir.
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